Menú
InicioSobre NosotrosMigración en Cifras
Organizaciones Sociales de MigrantesBlogContacto

Conflicto, violencia, migración y olvido en la frontera del Arauca venezolano

Jul 12, 2021

Rina Mazuera

Abogado. Doctora en Derecho de la Familia y de la Persona (Universidad de Zaragoza) Decana de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica del Táchira Coordinación Asociación de la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).

El 28 de octubre de 1997, con ocasión de la fundación de Ciudad Sucre (estado Apure), el periódico colombiano “El Tiempo”, recogía las siguientes palabras del ministro de Estado para el desarrollo de fronteras de Venezuela y antiguo militante de las guerrillas venezolanas en la década de los años sesenta del pasado siglo XX, Pompeyo Márquez: 

“Estamos asediados por la guerrilla, pero no vamos a permitir que un pequeño grupo mantenga acorralada a esta población. Vamos a acabar con la vacuna y el secuestro. El gobierno está dispuesto a reconquistar la frontera...”, ha dicho Márquez, uno de los más entusiastas del proyecto de Ciudad Sucre, como muro de contención contra la guerrilla colombiana (El Tiempo, 1997).

Estaban recientes los hechos de constantes hostigamientos de las guerrillas colombianas quienes, desde 1995, sumaban cerca de cuarenta ataques a puestos o patrullas militares venezolanas con un saldo de treinta y cuatro muertos entre militares, civiles e irregulares. Siendo el incidente más grave, el ocurrido en febrero de 1995, cuando fueron masacrados ocho infantes de la Marina venezolana, en una incursión armada del Frente guerrillero Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional o ELN. Hecho que movió al gobierno del presidente Rafael Caldera a suspender las garantías constitucionales de libre tránsito, inviolabilidad del hogar y detención sin previa medida judicial a lo largo de esa frontera con Colombia, y a crear las figuras de los Teatros de Operaciones, para controlar esas extensas zonas limítrofes.

A partir de 1999, el tema de defensa fronteriza, da un giro en atención a las nuevas orientaciones políticas de quienes asumían el gobierno venezolano. El nuevo gobierno pasó a considerar como no terroristas al grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), por compartir “un proyecto político bolivariano, que […] es respetado en Venezuela” (Clarín, 2008), solicitando un estatus de beligerancia para dicho grupo y su exclusión de las listas de organizaciones terroristas por parte de otros miembros de la comunidad internacional.

Esta situación, adquirió un nuevo giro a partir de la firma de los tratados de paz entre el Estado colombiano y los movimientos guerrilleros que aceptaron la desmovilización, en 2016. Una parte de los excombatientes de las FARC-EP no se acogieron a los tratados de paz y decidieron retornar a las armas, conociéndose ahora como “Disidencias de las FARC-EP” conformando un nuevo grupo de actores en el conflicto armado interno colombiano, demarcando su propio control territorial y actividades.

Se desconocen los hechos exactos que desencadenaron el rompimiento de esa especie de paz que imperaba en la zona y el enfrentamiento directo, entre el ejército de Venezuela y sus fuerzas especiales, y los grupos guerrilleros disidentes de las FARC-EP, iniciados el domingo 21 de marzo de 2021, en el Estado Apure, en las inmediaciones de la población de La Victoria, que incluyó un bombardeo por parte de la fuerza aérea venezolana sobre una tierra de frontera relegada tanto por los gobiernos de Caracas y Bogotá y donde dichas acciones se atribuyen, de forma simplista, en el marco de la dualidad ideológica diplomática imperante a grupos terroristas de izquierda y a terroristas de derecha.

Estas acciones, estrictamente bélicas, de alta violencia y sin respeto alguno por los derechos humanos, con heridos, muertos y secuestros en ambos bandos enfrentados, censuraron y relegaron la información sobre lo sucedido con el principal grupo afectado y el más vulnerable: la población civil. La misma fue obligada a movilizarse forzadamente hacia el lado colombiano de la frontera para encontrar protección, abandonando sus propiedades y sus hogares. Resultaba paradójico que muchos de ellos eran hijos de colombianos que, en la década de los ochenta y noventa del pasado siglo, se movilizaron de Colombia hacia Venezuela, huyendo de la lucha armada entre el Estado colombiano, las guerrillas, el narcotráfico y los paramilitares. Frente a esta situación, se estima que casi seis mil personas huyeron de Venezuela (BBC, 2021) y se establecieron, como desplazados, en estadios, colegios y otras áreas de la ciudad colombiana de Arauquita, al otro lado del río fronterizo, en campos de refugiados, pero en un contexto de pandemia por Covid-19.

Este desplazamiento, provocado por un escenario de violencia, debe de llamar la atención, una vez más y desde cualquier punto de vista humano. Es un ejemplo de cómo toda población civil lleva las consecuencias más duras en el recrudecimiento de cualquier conflicto armado, fenómeno que arrastra tras de sí la violación de derechos humanos fundamentales como la vida, la seguridad personal, el trabajo y la tranquilidad de las personas y las familias; sumado a las pérdidas familiares y de bienes materiales y afectivos. Una población que ya estaba afectada por la profunda crisis de naturaleza económica, política, institucional y social, que se había desencadenado en Venezuela desde 2014 (Mazuera et al., 2019).

Asimismo, ese fenómeno de movilidad o desplazamiento, en el marco de la actual crisis migratoria venezolana, queda como inédito. Se da por primera vez desde territorio venezolano hacia el colombiano por causas de violencia y enfrentamientos armados cruentos entre ejército e irregulares y muestra, por igual, una nueva y más compleja faceta del prolongado conflicto fronterizo, en su evolución y expansión, y debe llamar a la reflexión y a la acción. Un todo que visibilice el derecho a la vida, a la justicia y al resguardo de las propiedades e intereses de esos seres humanos, connacionales y refugiados, olvidados y/o relegados de cualquier imaginario nacional, en una lejana frontera.

Referencias

BBC [British Broadcasting Corporation] (4 de mayo de 2021). Crisis en Apure y Arauca. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56953012

Clarín (11 de enero de 2009). Chávez pidió sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Clarín. https://www.clarin.com/ultimo-momento/chavez-pidio-sacar-farc-lista-organizaciones-terroristas_0_ryJZNvAA6te.html

El Tiempo (28 de octubre de 1997). Venezuela funda ciudad para frenar a guerrilla colombiana. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-667141

Mazuera-Arias, R., Albornoz-Arias, N., Superlano J., J.Z., Morffe Peraza, M.A., (2019). Perfiles sociodemográficos de la migración venezolana, principales características según país receptor [8 de abril al 5 de mayo de 2019]. San Cristóbal: Venezuela: Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). Venezuela.- Centro Gumilla - UCAT - IIES-UCAB.


Rina Mazuera

Abogado. Doctora en Derecho de la Familia y de la Persona (Universidad de Zaragoza) Decana de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica del Táchira Coordinación Asociación de la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).

También te puede interesar

Observatorio Venezolano
de Migración 2021 ©

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad Católica Andrés Bello
Caracas, Venezuela


Créditos Fotográficos: Ronny Oliveros - George Castellanos

Diseñado por Veintitrès Contenidos