Las tensiones políticas y las crisis socioeconómicas de Venezuela y Nicaragua han generado flujos de emigración masiva hacia diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. La región, tradicionalmente expulsora de población, ha tenido que adaptarse rápidamente a este nuevo escenario de desplazamiento, y los países –ahora receptores de población– han tenido que implementar políticas de integración para lidiar con los efectos de estos desplazamientos.

Tratando de medir la capacidad de respuesta que la región latinoamericana ha tenido ante esta situación, el Migration Policy Institute analizó cómo 11 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay) han respondido a la migración masiva desde Venezuela y Nicaragua.

A partir de un análisis exhaustivo de la inmigración y las políticas de integración adoptadas por los países receptores, el estudio desarrollado por Andrew Selee y Jessica Bolter, examina las diversas estrategias empleadas por los gobiernos para regularizar la situación de los inmigrantes venezolanos y nicaragüenses y en qué medida estos han podido integrarse a los mercados laborales locales y a los sistemas de salud y educación en los contextos de llegada.

La investigación encuentra que los países de América Latina y el Caribe, inicialmente mostraron apertura en sus políticas de recepción, e incluso creatividad en las estrategias implementadas para integrar y albergar a los nuevos migrantes, pero que esa situación ha comenzado a cambiar en la medida que los países receptores han visto rebasadas las capacidades de sus servicios públicos locales, por lo que se requieren de nuevas fórmulas de apoyo para aquéllos países que continúan recibiendo población, especialmente la emigración venezolana, que ahora se visualiza como una crisis más prolongada.

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