La asociación civil no gubernamental, Espacio Público, defensora de la libertad de expresión y los derechos humanos presentó un informe sobre el acceso a la información pública, específicamente, sobre estadísticas y perfiles de migrantes venezolanos. Basándose en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contempla el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, la asociación se propuso solicitar información al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Ministerio de Relaciones Exteriores, Asamblea Nacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con la finalidad de obtener cifras, estadísticas y planes de acción con respecto a la crisis migratoria venezolana. De las seis peticiones que se hicieron, tres fueron ignoradas, dos no recibidas y solo una, la del ACNUR, respondida. Ante el silencio de los organismos públicos, los analistas se centraron en explorar las páginas web para comprobar si la información estaba disponible y si cumple con los estándares internacionales.
La asociación civil no gubernamental, Espacio Público, defensora de la libertad de expresión y los derechos humanos presentó un informe sobre el acceso a la información pública, específicamente, sobre estadísticas y perfiles de migrantes venezolanos. Basándose en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contempla el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, la asociación se propuso solicitar información al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Ministerio de Relaciones Exteriores, Asamblea Nacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con la finalidad de obtener cifras, estadísticas y planes de acción con respecto a la crisis migratoria venezolana. De las seis peticiones que se hicieron, tres fueron ignoradas, dos no recibidas y solo una, la del ACNUR, respondida. Ante el silencio de los organismos públicos, los analistas se centraron en explorar las páginas web para comprobar si la información estaba disponible y si cumple con los estándares internacionales.