La asociación civil no gubernamental, Amnistía Internacional publicó recientemente un informe en el que se describe el grave y rápido deterioro en el trato que reciben los migrantes y refugiados venezolanos en el Perú. El documento denuncia la política deliberada de este país suramericano de vulnerar el derecho que tienen los venezolanos a buscar protección, al negarle a mujeres, hombres y niños venezolanos la condición de refugio.
En el informe se explica que la mayoría de los ciudadanos que salen desde Venezuela, son personas en condición de refugio, con derecho a protección internacional, de acuerdo con la Convención Internacional de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena de 1984.
Aunque Perú acoge actualmente más de 800.000 venezolanos, desde 2019 el país ha venido implementando políticas infructuosas en términos de protección real, como la Visa Humanitaria del Perú, además de impulsar cambios discretos en los procedimientos de asilo en el área fronteriza que, de acuerdo con Amnistía Internacional, denotan una política deliberada de rechazo a la migración venezolana.
Estos obstáculos, sin embargo, no detienen la migración, sino que obligan a las personas a recurrir a rutas y mecanismos de acceso más peligrosos e ingresar al país de manera irregular, haciéndolos más propensos a sufrir situaciones de explotación y otros tipos de abusos. Por esto Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a garantizar la debida protección de los derechos internacionales de los migrantes y refugiados venezolanos.
La asociación civil no gubernamental, Amnistía Internacional publicó recientemente un informe en el que se describe el grave y rápido deterioro en el trato que reciben los migrantes y refugiados venezolanos en el Perú. El documento denuncia la política deliberada de este país suramericano de vulnerar el derecho que tienen los venezolanos a buscar protección, al negarle a mujeres, hombres y niños venezolanos la condición de refugio.
En el informe se explica que la mayoría de los ciudadanos que salen desde Venezuela, son personas en condición de refugio, con derecho a protección internacional, de acuerdo con la Convención Internacional de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena de 1984.
Aunque Perú acoge actualmente más de 800.000 venezolanos, desde 2019 el país ha venido implementando políticas infructuosas en términos de protección real, como la Visa Humanitaria del Perú, además de impulsar cambios discretos en los procedimientos de asilo en el área fronteriza que, de acuerdo con Amnistía Internacional, denotan una política deliberada de rechazo a la migración venezolana.
Estos obstáculos, sin embargo, no detienen la migración, sino que obligan a las personas a recurrir a rutas y mecanismos de acceso más peligrosos e ingresar al país de manera irregular, haciéndolos más propensos a sufrir situaciones de explotación y otros tipos de abusos. Por esto Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a garantizar la debida protección de los derechos internacionales de los migrantes y refugiados venezolanos.